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PREMIER

Controversia. Tal como se gestó, la norma sancionaría a quienes difunden comunicaciones privadas de interés público.
Alternativa. Mandatario hizo tres observaciones a la autógrafa. Ahora comisión de Constitución tendrá la opción de insistir o de allanarse a modificaciones planteadas.
El polémico proyecto de ley que sanciona con cuatro años de cárcel a los que difundan una interceptación telefónica que no tenga un contenido delictivo perseguible o que contravenga el ordenamiento legal vigente, también conocida como Ley Mordaza, fue observada anoche por el presidente Ollanta Humala.
El tercer vicepresidente del Congreso Michael Urtecho confirmó a La República el ingreso de la autógrafa por Mesa de Partes con tres observaciones planteadas por el primer Mandatario. Sin embargo, dijo desconocer cuál era el tenor de esos puntos.
Pese a ello, señaló que la decisión del Ejecutivo es la más adecuada, puesto que era un tema controversial.
"Hay que debatirla un poco más y ojalá no se exonere del trámite de la comisión y pueda ser visto en ella", señaló.
En esa misma línea, la secretaria ejecutivadel Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Kela León, saludó el gesto presidencial; sin embargo, esperará conocer el sustento de las observaciones para pronunciarse de manera oficial.
"Pero, en definitiva, es una buena noticia", aseveró.
Quien no recibió la noticia con ese mismo entusiasmo fue el parlamentario Juan Carlos Eguren (APGC), pues lamentó que una norma tan consensuada y que ha tenido el apoyo unánime de las bancadas sea rechazado por el Ejecutivo.
"Felizmente, así es la democracia; y a pesar de que tenemos un poder del Estado, como es el Ejecutivo, timorato, que cede a la presión mediática, el Congreso puede insistir en la norma", manifestó.
Efectivamente, lo que sigue ahora, es tomar uno de los dos caminos posibles: que vaya nuevamente a la comisión y desde allí insistir nuevamente en la norma -tal cual- para luego votarla en el Pleno o recoger las observaciones y modificaciones que el Ejecutivo plantea. Es decir, allanarse.
¿Qué dice la ley?
La "Ley Mordaza", cuyo promotor es el congresista Javier Bedoya de Vivanco, propone un cambio al artículo N° 162 del Código Penal.
Con ella plantean penas de no menos de dos años ni más de cuatro a quienes interfieran, escuchen o difundan comunicaciones privadas.
Pero si el agente es funcionario público, la pena privativa de libertad sería no menor de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 4.
También establece que queda exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tuviese un contenido delictivo perseguible por acción penal pública o que contravenga el ordenamiento legal vigente.
Justamente por esas modificaciones el Consejo de la Prensa Peruana ya se había pronunciado con anterioridad señalando que penalizar la difusión de audios por medios de comunicación era un tema "delicadísimo", pues los casos más grandes de corrupción en los últimos años en Perú fueron revelados gracias a la difusión de audios o videos.
"Es una censura en la práctica. Por eso objetamos que se incorpore un cambio, dijeron en su momento. Para hoy se espera que el Congreso atienda de inmediato esas observaciones,y que prime el derecho al libre ejercicio de la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.
Sería una norma inconstitucional
En caso se hubiese promulgado esta ley, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) habría impulsado una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, al considerar que ésta vulnera el libre ejercicio de la libertad de expresión.
"Si la norma llegara a ser promulgada por el Presidente o por el Congreso sería claramente inconstitucional y puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad del TC", sostuvo el asesor legal de IPYS, Roberto Pereira.
Añadió que esta petición se realizaría a través de organismos legitimados para plantear estas acciones como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados o el Ministerio Público.
Fuente: La República.