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Entrevistado con CNN, el presidente Vizcarra adelantó algunas propuestas que su gobierno llevará al Congreso sobre la materia de reforma constitucional. Destacan entre estas ideas el retorno a la bicameralidad y la reforma del voto preferencial, entre otros asuntos.
Ambas ideas son necesarias discutirlas dejando de lado el argumento barato que un congreso bicameral es más caro que el unilateral que tenemos actualmente y el supuesto mayor grado de representatividad del voto preferencial.
No obstante, un sistema político no se circunscribe a un texto constitucional sino que es, en esencia, el ejercicio del poder dentro de sus límites por personas. Y es justamente allí donde cojeamos. El regreso del Senado puede suplir el tema formal de la cuestión de la representación de las regiones, pero lo importante es qué gente las representará. Si tomamos como referencia los gobiernos regionales, creo que no llegamos a ninguna parte, salvo honrosas excepciones. La misma crítica se aplica al voto preferencial. Nada nos asegura que sin voto preferencial se elija mejor a los representantes del electorado. Incluso una idea que apoyo con entusiasmo como el voto voluntario se queda corta ante la realidad política del país.
Aunque de forma ajustada, aún es posible plantear reformas constitucionales dentro del término del mandato de Vizcarra. El que lleguen a puerto depende de la voluntad de los partidos en el Congreso, pues exige un grado de renuncia que no existe en el país.
Para quienes no entiendan lo que quiero decir con renuncia, les propongo un ejemplo histórico. Las cortes franquistas aceptaron el pedido del rey Juan Carlos para disolverse y dar paso a la transición española. En nuestro caso habrá que renunciar a muchas aspiraciones legitimas o bastardas de llegar al poder.
En fin, siendo realista, acaso - pienso - no sería mejor ser un poco más modesto. Me contentaría con la creación de una Procuraduría independiente del Poder Ejecutivo, al mismo nivel constitucional que la Fiscalía. En cuanto a esta situación, le pondría frenos para que actúe con la responsabilidad que es debida. Lo mismo haría con el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, cuyo funcionamiento deja mucho que desear.
Ambas ideas son necesarias discutirlas dejando de lado el argumento barato que un congreso bicameral es más caro que el unilateral que tenemos actualmente y el supuesto mayor grado de representatividad del voto preferencial.
No obstante, un sistema político no se circunscribe a un texto constitucional sino que es, en esencia, el ejercicio del poder dentro de sus límites por personas. Y es justamente allí donde cojeamos. El regreso del Senado puede suplir el tema formal de la cuestión de la representación de las regiones, pero lo importante es qué gente las representará. Si tomamos como referencia los gobiernos regionales, creo que no llegamos a ninguna parte, salvo honrosas excepciones. La misma crítica se aplica al voto preferencial. Nada nos asegura que sin voto preferencial se elija mejor a los representantes del electorado. Incluso una idea que apoyo con entusiasmo como el voto voluntario se queda corta ante la realidad política del país.
Aunque de forma ajustada, aún es posible plantear reformas constitucionales dentro del término del mandato de Vizcarra. El que lleguen a puerto depende de la voluntad de los partidos en el Congreso, pues exige un grado de renuncia que no existe en el país.
Para quienes no entiendan lo que quiero decir con renuncia, les propongo un ejemplo histórico. Las cortes franquistas aceptaron el pedido del rey Juan Carlos para disolverse y dar paso a la transición española. En nuestro caso habrá que renunciar a muchas aspiraciones legitimas o bastardas de llegar al poder.
En fin, siendo realista, acaso - pienso - no sería mejor ser un poco más modesto. Me contentaría con la creación de una Procuraduría independiente del Poder Ejecutivo, al mismo nivel constitucional que la Fiscalía. En cuanto a esta situación, le pondría frenos para que actúe con la responsabilidad que es debida. Lo mismo haría con el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, cuyo funcionamiento deja mucho que desear.
