El tabaco es muy dañino, y quienes fuman se juegan no sólo la vida sino la invalidez y la disminución paulatina o brutal de sus facultades físicas e intelectuales, y la obligación de los Estados, en una sociedad democrática, es hacérselo saber a los ciudadanos de modo que éstos puedan decidir, con conocimiento de causa, si fuman o no fuman. La verdad que esto es lo que hoy está ocurriendo en la mayor parte de los países occidentales. Suicidarse a pocos es un derecho que debería figurar entre los derechos de la persona humana. La verdad es que esta es la única política posible, si se quiere preservar la libertad del individuo, una libertad que sólo tiene sentido y razón de ser si este individuo puede optar no sólo por aquello que lo beneficia, sino también por lo que lo daña o perjudica. ¿Qué libertad sería aquella que sólo permitiera optar por el bien y lo bueno, y excluyera de la elección todo lo malo y perjudicial?
El alcohol es probablemente tanto o más dañino que el cigarrillo, y sus consecuencias sociales son sin la menor duda más transtornadoras y trágicas que las de la nicotina, como lo prueban los accidentes de tráfico de cada día provocados por las borracheras de los conductores Y, sin embargo, todavía a nadie se le ha ocurrido desencadenar contra las compañías cerveceras, o las destilerías de whisky y de vodka, las campañas cívicas y legales con que son acosadas las tabacaleras.
Si se reconoce al Estado el derecho de velar por la salud de los ciudadanos hasta sus últimas consecuencias, la libertad -el derecho de elegir- desaparecería incluso de los manteles del hogar. Porque la comida es, acaso, una de las mayores causantes de las enfermedades y catástrofes para la salud que devastan a la sociedad humana. Por exagerado que parezca, más bípedos mueren de comer mucho y de comer mal, que de comer poco o de no comer. De modo que si se confiere a los gobiernos o a los tribunales la decisión final del porcentaje de nicotina que debe permitirse ingerir a los individuos, con la misma lógica habría que autorizarlos a determinar las calorías lícitas e ilícitas que deben componer las dietas de las familias.