lobo_gris
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(Editorial El Comercio) Caso Aduviri: indignante chantaje al Estado de derecho
¿Acaso todos los peruanos no tenemos que cumplir a pie juntillas una orden de captura emanada de las autoridades judiciales?
Lo que sucede con el dirigente aimara Walter Aduviri es extremadamente bochornoso y grave para el Estado de derecho y sienta un nefasto precedente para la aplicación de la ley y la vigencia del principio de autoridad.
Según la Constitución Política de 1993, art. 2, inc. 2, “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. Luego, el art. 139 precisa que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones” y también que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”.
Todos estos principios constitucionales han sido burdamente conculcados con la complicidad penosa y dolosa de fiscales, jueces, congresistas y representantes del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo, que han sucumbido al chantaje de un dirigente que se ha atrincherado en el local de un canal de televisión y amenaza con azuzar a las masas en Puno, con lo que pone de vuelta y media la ley, el debido proceso y todas las consideraciones de equidad en el trato que prescribe la Carta Magna.
¿Acaso todos los peruanos no tenemos que cumplir a pie juntillas una orden de captura emanada de las autoridades judiciales? ¿Y cuántos presos siguen en la cárcel a la espera de que se reanuden sus juicios y se les tome una manifestación? ¿Y acaso todos los ciudadanos no tenemos que acatar, con enorme sacrificio, la demora y desatención de los fiscales y jueces por causas a veces totalmente injustas? ¿Qué corona o privilegios tiene el señor Aduviri que ha podido lograr que se traslade a Lima el fiscal de Puno expresamente para ver su causa?
¡El mundo al revés! ¿Y qué pasará si no se levanta la orden de detención –que es finalmente su objetivo– enteramente justificada por ser sospechoso de supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, daño y hurto agravado en perjuicio del Estado Peruano y de todas las instituciones públicas y privadas afectadas por el saqueo, incendio y robo ocurrido la noche del 26 de mayo en Puno? ¿Qué conclusión debemos sacar los ciudadanos: que basta una turba detrás nuestro para asegurar impunidad, conculcar el principio de autoridad, cometer cualquier delito y salirse con la suya?
El fin no justifica los medios, es un principio elemental y trascendental de la convivencia en sociedad. Que el telón de fondo sea un grave conflicto social, el cual debe resolverse por los medios legales correspondientes, no justifica, de ninguna manera, que se ponga de rodillas a tres poderes del Estado.
Así como invocamos a los dirigentes legítimos de Puno a asumir su responsabilidad de sentarse a dialogar, exigimos a las autoridades de todos los poderes públicos que cumplan su deber de hacer respetar la ley. El Estado de derecho tiene que fortalecerse, y no debilitarse con actos como los comentados, por los que se cede a un chantaje vil e intolerable.
Los conflictos sociales no se resuelven cediendo a amenazas y chantajes, sino dialogando y evaluando alternativas de solución entre las partes, dentro del orden constitucional. Hoy Aduviri se burla impunemente de la ley. ¿Mañana quién lo hará pretextando cualquier problema y amenazando con soliviantar a las masas en las calles?
¿Acaso todos los peruanos no tenemos que cumplir a pie juntillas una orden de captura emanada de las autoridades judiciales?
Lo que sucede con el dirigente aimara Walter Aduviri es extremadamente bochornoso y grave para el Estado de derecho y sienta un nefasto precedente para la aplicación de la ley y la vigencia del principio de autoridad.
Según la Constitución Política de 1993, art. 2, inc. 2, “Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. Luego, el art. 139 precisa que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones” y también que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley”.
Todos estos principios constitucionales han sido burdamente conculcados con la complicidad penosa y dolosa de fiscales, jueces, congresistas y representantes del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo, que han sucumbido al chantaje de un dirigente que se ha atrincherado en el local de un canal de televisión y amenaza con azuzar a las masas en Puno, con lo que pone de vuelta y media la ley, el debido proceso y todas las consideraciones de equidad en el trato que prescribe la Carta Magna.
¿Acaso todos los peruanos no tenemos que cumplir a pie juntillas una orden de captura emanada de las autoridades judiciales? ¿Y cuántos presos siguen en la cárcel a la espera de que se reanuden sus juicios y se les tome una manifestación? ¿Y acaso todos los ciudadanos no tenemos que acatar, con enorme sacrificio, la demora y desatención de los fiscales y jueces por causas a veces totalmente injustas? ¿Qué corona o privilegios tiene el señor Aduviri que ha podido lograr que se traslade a Lima el fiscal de Puno expresamente para ver su causa?
¡El mundo al revés! ¿Y qué pasará si no se levanta la orden de detención –que es finalmente su objetivo– enteramente justificada por ser sospechoso de supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, daño y hurto agravado en perjuicio del Estado Peruano y de todas las instituciones públicas y privadas afectadas por el saqueo, incendio y robo ocurrido la noche del 26 de mayo en Puno? ¿Qué conclusión debemos sacar los ciudadanos: que basta una turba detrás nuestro para asegurar impunidad, conculcar el principio de autoridad, cometer cualquier delito y salirse con la suya?
El fin no justifica los medios, es un principio elemental y trascendental de la convivencia en sociedad. Que el telón de fondo sea un grave conflicto social, el cual debe resolverse por los medios legales correspondientes, no justifica, de ninguna manera, que se ponga de rodillas a tres poderes del Estado.
Así como invocamos a los dirigentes legítimos de Puno a asumir su responsabilidad de sentarse a dialogar, exigimos a las autoridades de todos los poderes públicos que cumplan su deber de hacer respetar la ley. El Estado de derecho tiene que fortalecerse, y no debilitarse con actos como los comentados, por los que se cede a un chantaje vil e intolerable.
Los conflictos sociales no se resuelven cediendo a amenazas y chantajes, sino dialogando y evaluando alternativas de solución entre las partes, dentro del orden constitucional. Hoy Aduviri se burla impunemente de la ley. ¿Mañana quién lo hará pretextando cualquier problema y amenazando con soliviantar a las masas en las calles?
