Arquisexo
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"Justicia ciudadana", la palabra de Fátima Toche
Ante la creciente aparición de carteles en barrios y comunidades organizadas en los que se advierte a delincuentes que, de encontrarlos en delito flagrante, serán linchados/colgados/ quemados vivos/ (inserte aquí la forma de tortura de su preferencia) y que no se llamará a la policía, el nuevo director general de dicha institución, Vicente Romero Fernández, dijo con contundencia: No permitiremos que se linche a los delincuentes. Estamos en un estado de derecho y haremos cumplir la ley.
Y creo que muchos de nosotros estamos plenamente de acuerdo en que, en una sociedad civilizada, nadie debería apelar a la máxima bíblica del ojo por ojo, diente por diente. Entre otras cosas, porque rompe con el contrato social, se genera un peligrosísimo espacio de violación de derechos humanos, en el marco de la ira de una masa enardecida de gente no existe ponderación o mecanismos de control que te permitan valorar si las personas a quienes se les está aplicando el castigo son realmente culpables, porque los mismos pobladores se exponen a una respuesta de los delincuentes que muchas veces cuentan con armas de fuego, incluso de guerra; y porque el colectivo justiciero podría ser blanco de la venganza de la delincuencia organizada.
Sin embargo, lo que nos indica la razón no puede negar la realidad. Aquí o en China, cuando no funcionan los mecanismos formales de control, aparecen los informales, que suelen ser más radicales e inclementes. Con qué cara el director general de la Policía o cualquier otra autoridad pública puede hablarle de estado de derecho a los vecinos de las zonas más peligrosas de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, quienes se han cansado de esperar infructuosamente que la policía atienda sus llamadas o resuelva efectivamente la infinidad de robos, pandillaje o violaciones con las que tienen que lidiar día a día. Hechos que no solo merman su tranquilidad sino que también el escaso patrimonio que con tanto esfuerzo han logrado acumular.
Hay que tener mucho descaro para pedirle a esas personas que vean y aplaudan a los delincuentes mientras les roban y escapan sin que la policía llegue, sino hasta una hora después a decir que nada pueden hacer. Si se pretende erradicar la justicia ciudadana, no funcionan los discursos, hay que mostrarle a la población planes concretos de lucha contra la inseguridad, presencia real de la policía en las comunidades y resultados concretos. Mantener el discurso de la percepción de inseguridad es una falta de respeto.
Ante la creciente aparición de carteles en barrios y comunidades organizadas en los que se advierte a delincuentes que, de encontrarlos en delito flagrante, serán linchados/colgados/ quemados vivos/ (inserte aquí la forma de tortura de su preferencia) y que no se llamará a la policía, el nuevo director general de dicha institución, Vicente Romero Fernández, dijo con contundencia: No permitiremos que se linche a los delincuentes. Estamos en un estado de derecho y haremos cumplir la ley.
Y creo que muchos de nosotros estamos plenamente de acuerdo en que, en una sociedad civilizada, nadie debería apelar a la máxima bíblica del ojo por ojo, diente por diente. Entre otras cosas, porque rompe con el contrato social, se genera un peligrosísimo espacio de violación de derechos humanos, en el marco de la ira de una masa enardecida de gente no existe ponderación o mecanismos de control que te permitan valorar si las personas a quienes se les está aplicando el castigo son realmente culpables, porque los mismos pobladores se exponen a una respuesta de los delincuentes que muchas veces cuentan con armas de fuego, incluso de guerra; y porque el colectivo justiciero podría ser blanco de la venganza de la delincuencia organizada.
Sin embargo, lo que nos indica la razón no puede negar la realidad. Aquí o en China, cuando no funcionan los mecanismos formales de control, aparecen los informales, que suelen ser más radicales e inclementes. Con qué cara el director general de la Policía o cualquier otra autoridad pública puede hablarle de estado de derecho a los vecinos de las zonas más peligrosas de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, quienes se han cansado de esperar infructuosamente que la policía atienda sus llamadas o resuelva efectivamente la infinidad de robos, pandillaje o violaciones con las que tienen que lidiar día a día. Hechos que no solo merman su tranquilidad sino que también el escaso patrimonio que con tanto esfuerzo han logrado acumular.
Hay que tener mucho descaro para pedirle a esas personas que vean y aplaudan a los delincuentes mientras les roban y escapan sin que la policía llegue, sino hasta una hora después a decir que nada pueden hacer. Si se pretende erradicar la justicia ciudadana, no funcionan los discursos, hay que mostrarle a la población planes concretos de lucha contra la inseguridad, presencia real de la policía en las comunidades y resultados concretos. Mantener el discurso de la percepción de inseguridad es una falta de respeto.