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Oscar Valdés debe renunciar por incapacidad política, según CNDDHH
Panorama político es sombrío bajo el liderazgo de Valdés. Organizaciones consideran que hay indicios de persecución política a los movimientos sociales. Los conflictos se acrecientan al igual que el número de muertos.
La
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), junto a las 79 organizaciones sociales que la conforman, solicitan la renuncia del primer ministro
Óscar Valdés, al ser considerado como responsable político de las
muertes en Cusco y de
número elevado de muertos en conflicto sociales que se viene suscitando en el país.
Rocío Silva Santisteban, presidenta de la CNDDHH, sostuvo en una conferencia realizada hoy, viernes, expresó su preocupación sobre la actual situación de derechos humanos en la provincia de
Espinar, Cusco, que se encuentra bajo estado de emergencia.
Carlos Rivera, de Instituto de Defensa Legal, se mostró preocupado por la reciente resolución emitida por el poder judicial (
Resolución Administrativa N° 096-2012-CE-PJ), la cual dispone los presuntos delitos cometidos en zona de conflictos como en Cusco y en Cajamarca puedan ser juzgados supra-provinciales.
Cabe indicar que el alcalde detenido irregularmente, sin flagrancia u orden judicial, sería juzgado en la provincia de Ica. Ello iría contra el derecho a la defensa, por lo que
debería ser juzgado en la zona donde se cometieron los delitos.
Según se dijo, la resolución, elaborada a solicitud del Ministerio del Interior, puede comprometer la autonomía de los poderes, lo que significaría una
persecución políticas a los movimientos sociales.
También fue preocupante, según Rivera, el intentado de sembrado de pruebas a los miembros de la
Vicaría de Sicuani, quienes luego de ser detenidos fueron llevados a una dependencia policial en el campamento campamento minero de la Empresa Minera Xstrata.
Estamos hablando de situaciones que
pueden cambiar el panorama político del Perú, refirió el abogado.
La CNDDHH condenó todo acto de violencia e hizo una llamado a las organizaciones sociales para
canalizar sus demandas; así respeta el derecho de la
protesta dentro del marco legal.
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