D. Los gobiernos de Alberto Fujimori
98. La CVR ha constatado que en las elecciones presidenciales de 1990, que se produjeron en medio de una crisis generalizada, el desprestigio de los partidos y la pérdida de confianza en las organizaciones políticas facilitaron el triunfo del ingeniero Alberto Fu-jimori, un candidato independiente que rápidamente reveló su menosprecio por la democracia. En ningún momento construyó una organización política que lo respaldara.13 Para enfrentar los dos grandes problemas que heredaba la crisis económica y el avance de la subversión, encargó los asuntos económicos a grupos de tecnócratas y asumió como suya la estrategia contrasubversiva de las fuerzas armadas perfilada a fi-nales de la década de 1980. Igualmente, convocó a operadores de inteligencia militar; el más conocido de los cuales fue Vladimiro Montesinos. Con la participación de éste, el nuevo régimen comenzó a fortalecer el Servicio de Inteligencia Nacional y se aseguró la lealtad de las cúpulas militares para convertirlas en pilares de su gestión.14
99. La CVR concluye que el golpe de estado del 5 de abril de 1992 significó el colapso del Estado de Derecho y mostró además la debilidad del sistema de partidos; el golpe contó con el apoyo de la mayoría de la opinión pública. En medio de la ofensiva urbana del PCP-SL, sectores importantes de todos los estratos sociales se mostraron dispuestos a trocar democracia por seguridad y a tolerar las violaciones a los derechos humanos como el costo necesario para terminar con la subversión.
100. La CVR ha constatado que, a partir de 1992, la nueva estrategia contrasubversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las organizaciones político-administrativas (OPA) de los grupos subversivos. Vinculado a Vladimiro Montesinos actuó un escua-drón de la muerte denominado «Colina», responsable de asesinatos, desapariciones forzadas, y masacres con crueldad y ensañamiento. La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desaparicio-nes forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado «Colina».
101. La CVR sostiene que la DINCOTE, gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces, que desembocaron en la captura de Víctor Polay, principal dirigente del MRTA, y en la de Abimael Guzmán y miembros del Buró Político del Comité Central del PCP-SL, el 12 de septiembre de 1992. La CVR concluye que las capturas de los líderes máximos del PCP-SL y del MRTA no fueron utilizadas por el gobierno para acelerar la derrota de la subversión, sino para obtener réditos electorales.
102. Asimismo, la CVR señala la utilización dada al operativo Chavín de Huántar, que se realizó para rescatar a las personas secuestradas por el MRTA en la residencia del embajador del Japón en diciembre de 1996. La CVR expresa su repudio a esa acción terrorista que mantuvo cautivos durante más de cuatro meses a decenas de personas. Reconoce el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate, y rinde homenaje a los miembros del Ejército fallecidos en dicha acción, así como al doctor Carlos Giusti, vocal de la Corte Suprema que falleció durante la operación. Condena, sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales que se habrían producido, injustificadas por tratarse de personas rendidas, y comparte el rechazo de la opinión pública a las imágenes de Alberto Fujimori paseándose entre los cadáveres en la residencia recién rescatada.
103. La CVR afirma que en los años siguientes, diversos hechos, algunos ciertos, la mayo-ría manipulados en los medios de comunicación, sirvieron para crear y recrear exageradamente el terrorismo como una amenaza latente, para justificar el autoritarismo del régimen y para desprestigiar a los opositores. La interceptación telefónica a políticos opositores, el acoso al periodismo independiente, el sometimiento y perversión final de la mayoría de medios de comunicación, los atentados y crímenes incluso contra miembros del propio SIN, así como la desvirtuación de operaciones legítimas como el mencionado operativo Chavín de Huántar, llevan el sello del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
104. Por lo expuesto, la CVR sostiene que en los últimos años del gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder. Ello sumió al país en una nueva crisis económica y en abis-mos de corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucio-nal, y una profunda desconfianza en la esfera pública. Todos estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma autoritaria en que se resolvió el conflicto y configuran uno de los momentos de mayor oprobio de la historia de la República.