Agradezco la cordialidad y reconocida altura en su respuesta estimado Duilio.
Efectivamente, he de coincidir con Ud. en que Acción Popular no participó en la elaboración de la Constitución del 79 y lo hizo alegando falta de garantías para la transparencia del proceso electoral, fue un lapsus involuntario el mío al respecto, sin embargo, debemos convenir en que este hecho no podría en modo alguno restarle legitimidad a dicha carta magna si tenemos en cuenta que la participación de Belaunde en las elecciones presidenciales de 1980 avaló categóricamente dicha constitución que entro en vigencia, precisamente, el primer día de su mandato, el 28 de julio de 1980. Fue Belaunde el primer presidente constitucional que juramento bajo la tutela de la carta del 79.
Por otro lado, no me he referido en ninguna parte de mi post a que participaron todas las fuerzas políticas, algo absurdo dado que la designación de sus integrantes no fue producto de una convocatoria universal sino de un proceso electoral. A lo que si me he referido es que estuvieron allí representadas todas las vertientes del pensamiento peruano entonces existente. Izquierdas, centro y derecha, con todos sus matices, desde los más conservadores hasta los más radicales del espectro político nacional. Tan solo la izquierda (históricamente fragmentada) colocó representantes de hasta 10 partidos políticos distintos. Un breve repaso nos lleva a la siguiente lista de los partidos que colocaron representantes en dicha Asamblea: Partido Aprista del Perú (PAP), Partido Popular Cristiano (PPC), Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), Partido Socialista Revolucionario (PSR), Partido Comunista Peruano (PCP), Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (Frenatraca), Democracia Cristiana (PDC), Unión Nacional Odriísta, Unidad Democrática Popular (UDP, conformada por Vanguardia Revolucionaria, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Partido Comunista Revolucionario), Movimiento Democrático Pradista (MDP), Partido Socialista de los Trabajadores (PST)y Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Recordemos además, que en aquellos años la clase que involucraba a los empresarios era prácticamente inexistente, el pradismo había desaparecido del escenario político y existía un desinterés muy marcado en cuanto a participación política entre los ciudadanos de las clases más altas. La manifestación más radical de derecha que existía era la del PPC, cuya doctrina era (y es) más bien de centro derecha. La izquierda, atomizada, había decidido participar desunida, lo que no le permitió asumir el contrapeso esperado ante la alianza que formaron el PPC y el Apra. Sin embargo, todas ellas participaron en la elaboración de dicha constitución.
Acerca de la participación del gobierno militar en dicha carta, esta fue inexistente estimado Duilio. Existieron intentos de influir en el ánimo de los asambleístas, sin duda, no en vano se trataba de un gobierno de facto. Pero era un gobierno de facto completamente desgastado, huérfano de apoyo popular y que, inclusive, veía en las mismas bases de las fuerzas armadas mucho de antagonismo. Era un gobierno cercado y desacreditado desde todos los ángulos y era evidente que no duraría mucho a no ser por una salida “digna” que impidiera el resurgimiento del pensamiento velasquista en las entrañas mismas del ejército. Por ello no intervino en el contenido de la nueva carta magna. Existieron, eso sí, alianzas bajo la mesa, principalmente con el Apra, a fin de evitar investigaciones sobre hechos confusos que involucraban a sus propios integrantes. Un caso paradigmático fue el que protagonizaron entonces los dirigentes de izquierda José Alvarado, Justiniano Apaza, Hugo Blanco, Alfonso Baella Tuesta, Javier Diez Canseco, Humberto Damonte, Ricardo Letts, Genaro Ledesma, Ricardo Díaz Chávez, Ricardo Napurí y Valentín Pacho así como los vicealmirantes en retiro José Arce Lara y Miguel Faura Gaig, todos ellos postulantes a la asamblea constituyente, quienes fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigaciones el 25 de mayo de 1978 siendo acusados de agitadores sociales y delincuentes subversivos por haber apoyado el paro nacional de ese mes y entregados al Ejército argentino, deportados y enviados a la prisión federal de Buenos Aires. Por aquellos años era famoso el tenebroso Plan Condor, que involucraba a militares gobernantes de facto en varios países sudamericanos (Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Perú) quienes “colaboraban” entre sí deportando entre ellos a figuras de oposición incomodas para sus dictaduras quienes posteriormente eran “accidentalmente” desaparecidas, torturadas o asesinadas. Un generoso golpe de suerte hizo que periodistas de Jujuy, adonde habían llegado inicialmente, fotografiara y publicara el desembarco, con la consecuente e inmediata presión internacional. Dicha presión y el hecho que siete de los trece deportados fueran asambleístas electos, obligo a Morales Bermudez a “amnistiarlos”. Hechos como este, descubiertos y puestos en bandeja oportunamente, pusieron en jaque a lo que quedaba del poder militar que no tuvo más salida que no intervenir más. Su última intentona, como ya indique en mi post anterior, fue la de pretender someter a revisión el contenido de la carta magna ya elaborada. La decisión del conglomerado de izquierda de no firmarla sello su derrota.
No fue como puedes ver estimado Duilio, una constitución nacida del gobierno militar. Hechos como el que he narrado líneas arriba la dotan de un aura aun más democrática pues fue antepuesta a pesar de los intentos de la dictadura de menoscabarla. Simplemente no se lo permitieron. Si hacemos el paralelo, en cuanto a intervencionismo se refiere, la carta del 93 si sale seriamente lesionada. Baste para ello citar este interesante informe aparecido en el último número de la revista semanal de Cesar Hildebrandt:
El papel de la Constitución
Rebeca Diz
Después del espectáculo internacional que Martha Chávez ofreció durante 45 minutos el pasado 28 de julio nadie puede dudar de que el fujimorismo sigue siendo a la democracia lo que Blanca Nelida Colan fue a la justicia. En resumen, la actuación de Martha Chávez no fue sino la enésima parte de una saga cinematográfica de clase B que se inició con el golpe de estado de abril del 92, continuó con la farsa de un Congreso constituyente Democrático (CCD) que expulsó por cesárea la Constitución de 1993 y terminó con su líder condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Hagamos memoria, el ejercicio que mas ronchas saca a los defensores del fujimorato, y recordemos en qué condiciones se redacto la constitución de 1993, quienes fueron sus padres y qué apoyo tuvo de la población la carta que debería representar los intereses del Perú.
De arranque es imprescindible señalar que cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado en abril del 92, entre sus planes no estaba redactar una nueva constitución. Tampoco volver a llamar a las urnas para recobrar el orden democrático. Su plan era gobernar a decretazo limpio. Para concretar sus planes dictatoriales, nada más asumir la presidencia, comenzó una feroz campaña mediática para demoler el Congreso. Su excusa fue que no lo dejaban gobernar. Sin embargo, hoy ningún analista político serio puede decir que aquel Congreso (1990-1992) fue un obstáculo para implementar el fujishock con el que el Ejecutivo esperaba sacar al país de la crisis heredada del primer alanismo. Tanto así que nada más asumir el gobierno, el Congreso otorgó al ejecutivo fujimorista 120 días para legislar en materia económica, lucha contra el terrorismo y reformas sociales. Prueba de que el Congreso quería facilitar el trabajo del ejecutivo es que casi todas las medidas fueron aprobadas a pesar de que muchas de ellas atentaban contra la Constitución vigente en ese momento.
Pero el golpe estaba decidido. Y cuando Fujimori se atrevió a darlo, la condena internacional fue unánime. Comenzaron a soplar los vientos de sanciones económicas que afectarían principalmente a los programas de ayuda social. Es decir, Alberto Fujimori vería cerrado el caño del financiamiento de los programas que le daban a poyo popular que tanto necesitaba para justificar su autoritarismo. Finalmente en mayo del 92 y con la presión de la OEA, Fujimori aceptó en las Bahamas convocar a un Congreso constituyente Democrático que redactaría una nueva Constitución y restablecería ciertas normas de convivencia civilizada.
Las elecciones para elegir a los 80 constituyentes se programaron para el 12 de agosto, cuatro meses después del golpe y en ellas solo participaron el PPC –la oposición que Fujimori necesitaba como coartada-, el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), conformado gracias a la angurria ingenua de Henry Pease y Gloria Helfer, y los partidos oficialistas: Cambio 90, Nueva Mayoría y Renovación.
Con las elecciones del CCD llegó la primera denuncia. Juan Chávez Molina, entonces miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y hoy personaje clave para desentrañar la podredumbre que merodeó el proceso de la Asamblea Constituyente, denunció que no se habían contabilizado los votos del exterior. Chávez dijo que, si bien la Constituyente era un hecho, si aquellos votos se hubieran contabilizado, la mesa directiva del CCD no habría caído en manos de Jaime Yoshiyama, Carlos Torres y Torres Lara, Rafael Rey y Víctor Joy Way. Una mesa directiva digna de Alberto Fujimori pero no de una Constitución.
La Constitución salió adelante bajo una cruzada mediática típicamente fujimorista: a la nueva Carta Magna solo se oponían aquellos que buscaban desestabilizar el país, es decir, los terroristas. Bajo esa presión, fueron llamados a votar once millones seiscientos veinte mil ochocientos veinte peruanos. El referéndum se realizó el 31 de Octubre de 1993 y a Alberto Fujimori no le cabían dudas de que la consulta sería un éxito. Sin embargo, frente al pronóstico de las encuestadoras, que habían adelantado que el referéndum saldría adelante con una aplastante victoria del “Sí”, el “No” se impuso, de lejos, en 14 regiones. Ni los votos limeños, encargados como casi siempre de hacer realidad los sueños conservadores, fueron suficientes para “el triunfo arrollador” que el fujimorismo aguardaba. Para su vergüenza, tuvo que recurrir a las actas, las tachas y los recuentos más oscuros.
Una vez más el testimonio del vocal de JNE, Juan Chávez (entrevista Caretas año 2000) es clave para aclarar los enjuagues fujimoristas en el conteo final. “Se decía que estaban empatados y que había una pequeña diferencia a favor del “Si”. Pero llegó un momento en que era evidente que en tales o cuales sectores el “No” ganaba y comenzaron a perderse las actas”. (…
Chávez narró con lujo de detalles como desaparecieron las actas de Puno, de Ayacucho, parte de las de Trujillo y muchas de Arequipa. Con la intención de parar lo que evidentemente era un fraude grosero, Chávez recordó para Caretas que tuvo que hacer uso de una ley que le permitía exigir los resultados de las actas que guardaba el Jurado Departamental. Así pidió los resultados de Arequipa. El fax que recibió de puño y letra del presidente del Jurado Departamental arequipeño le daba la victoria al “No”. El problema es que el fax contenía un encabezado que decía: “Con admiración y respeto a Juan Chávez”. Como era evidente que la frase iba a significar la invalidación del resultado, Chávez pidió otro fax. En esta ocasión el documento lo recibió el vocal Loli Márquez. Increíblemente en este segundo documento Arequipa le daba la victoria al “Si”. Más cochinada ni en un basurero.
Así describió Chávez Molina aquel histórico momento: “Cuando observé el fax, me percaté de que este tenía las cifras escritas con máquina de escribir sobre liquid paper. Loli se excuso diciendo que la alteración había sido hecha en Arequipa. ¡Como si el liquid paper pasara, con textura y todo, por el fax!. Ilusamente el honorable magistrado exigió la presencia del Ministerio Publico para dar fe del fraude perpetrado. Evidentemente nadie de esta institución, manoseada por Fujimori, hizo acto de presencia. Más bien semanas más tarde El Peruano, interpretando su mejor papel, saco en portada la cara de Juan Chávez Molina al costado de la de Abimael Guzmán bajo el titular: Olvidemos sus rostros.
Hoy en día, con los datos oficiales en la mano, sabemos que la primera vez que se hizo público que en el referéndum había ganado el “Si” fujimorista fue en diciembre del 93, en El Peruano y con formato de aviso publicitario privado sin firma ni sello. Sabemos también que en aquel referéndum desaparecieron varios miles de actas. Y lo que es peor, la aprobación real del nuevo contrato social de 1993 llegó tan solo al 33.5% de los electores. Y es que, les guste o no a aquellos que no quieren que se toque la Constitución del 93, el referéndum de la Carta magna tuvo un ausentismo del 29.6% y un 10 % de votos blancos y viciados. Y la diferencia, oficial y mentirosa, entre el “No” y el “Si” apenas alcanzó 350 mil votos. Esa es la historia de lo que Alberto Borea llama, con legítimo desdén, “el documento” de 1993. De modo que podemos decir que el “modelo” actual nació de unas elecciones hechas con el país secuestrado y un recuento de votos vergonzoso. El carácter “sacro” de la Constitución de 1993 es una broma. Lo que no da risa es que esperpentos como Martha Chávez nos avergüencen esgrimiéndola y chillando.
Tomado del semanario
Hildebrandt en sus trece
Otro punto que es necesario aclarar amigo Duilio, es el relacionado al contenido del decreto previo a la carta del 79 que Ud. cita dándole el carácter de condicionamiento impuesto por el gobierno militar para su elaboración.
La constitución que estaba en vigencia hasta el golpe militar del 69 era la carta del 33, forjada en base a una estructura social que no volvería, tras el gobierno militar, a ser la misma. La desaparición de la oligarquía, los latifundios, la valoración de las manifestaciones culturales indígenas, y un larguísimo etc, así lo imponían. Mucho se puede discutir sobre los beneficios o lastres que nos dejo la dictadura militar. Pero para bien o para mal el país tuvo una innegable transformación que ya no admitía una constitución hecha en base a realidades tan distintas. Más aun, tras el gobierno de facto. Tanto como ahora, era imposible dar marcha atrás y lo fundamental era adecuarse a dichas transformaciones. Si no se sometió a revisión la carta del 33 era porque respondía a las necesidades de un gobierno golpista como el de Sánchez Cerro, figura de la que precisamente se necesitaba liberarnos tras el gobierno militar. Había que optar entonces por una nueva constitución. Esta debía entonces responder a las transformaciones que el país había tenido en la última década y a ello se refiere el decreto que menciona cuando se refería a “ institucionalizar las transformaciones estructurales que se vienen llevando a cabo desde el 3 de octubre de 1968” y para ello no era necesaria la intervención o tutela del poder militar. Era lo lógico. Lamentablemente no fue entendido así por AP ni por los partidos de izquierda que se negaron a firmar la constitución, temerosos de una posterior intervención que nunca se dio, de los militares, para variar su contenido. Pero que siempre la han considerado una constitución legítima, Belaunde juramento como presidente consagrándola y lo mismo ocurrió con los no firmantes de izquierda que accedieron al congreso en 1980.
Le dejo estimado Duilio, como refuerzo a lo antes mencionado, el enlace con el bello preámbulo de la constitución de 1979 que sus asambleístas, con elogiable lucidez, creyeron por conveniente elaborar. Allí encontrará un espíritu muy acorde a la transformación experimentada por el país tras el gobierno militar, pero que no contenía un ápice de intervencionismo del mismo y, por el contrario, resalta valores altamente democráticos, humanitarios y ciudadanos. Para ello se formo una subcomisión especial que lo redactase. Integraron dicho grupo los constituyentes Héctor Cornejo Chávez, Andrés Towsend Escurra, Roberto Ramírez del Villar y Jorge del Prado. Como verá, se trató de un selecto elenco de personas de reconocida e indiscutible calidad intelectual que, además, representaba diversas tendencias ideológicas y políticas que iban desde la conservadora, pasando por la social democracia y el social cristianismo, hasta el comunismo marxista. Fue, por ello, un preámbulo nacido del consenso. Y si se evalúa debidamente tal circunstancia se podrá apreciar que dicho preámbulo significó un esfuerzo de profunda reflexión de parte del grupo que redactó sus bases, las mismas que fueron ampliamente debatidas en el pleno de la Constituyente. Ello es ejemplar. Se trata de un valioso precedente que no debería olvidarse ni desaprovecharse cuando se deba encarar el problema pendiente de fijar los rumbos constitucionales de la comunidad nacional.
Sobre lo que apunta Anibal Quiroga, habría que hacerle una corrección a su idea. No es que las constituciones nazcan siempre como producto de un gobierno de facto. Estas son más bien consecuencia de los mismos. Consecuencia digna de quienes desean recobrar el orden constitucional perdido. A no ser que, como la del 93, sean paridas para legitimar regímenes dictatoriales. He allí la principal diferencia entre las cartas del 79 y la del 93 que, ojala, algún día pueda ser entendida en toda su magnitud.
Por último, quiero aclarar mi posición sobre los cambios que, a mi juicio, son necesarios respecto a la constitución actual. No creo que la solución a los problemas del pais pase por un retorno a la constitución del 79 y estoy seguro de no equivocarme si digo que no existe algún vocero oficial del gobierno o de algún sector democrático que lo avale. Lo que estoy haciendo es rescatar el espíritu con el que fue elaborada, la autentica representatividad del pensamiento nacional que mostro, el verdadero carácter de contrato social que obtuvo y los principios de libertad y universalidad que propicio. Creo firmemente que la constitución del 93 debe ser sujeta a los cambios que hoy se imponen, que estas deben ser hechas siguiendo los mecanismos que el orden constitucional provee y que el sentir de las mayorías ha exigido en las últimas elecciones. No habrá inclusión social sin reformas constitucionales, no habrá paz social sin afinar la constitución existente. Y, sobre todo, estimado Duilio, no habrá mejor manera de dotarla de la legitimidad que, desde el día que fue promulgada, le ha sido esquiva.
Concluyo confesandole estimado Duilio, que también viví aquellos años en plena adolescencia que, fruto del ejemplo de mi padre, prestaron suma atención a los hechos de interés nacional. No fue este un interés nacido de alguna tendenciosa inclinación partidaria, sino de una legítima preocupación que, por aquellos años, involucraba muchísimo más que hoy en día a los jóvenes del país. No necesito por ello consultar hemerotecas ni a personas mayores que eso lo he venido haciendo desde largos años atrás. Hoy, en base cuatro, mantengo la misma preocupación y el mismo interés. Podemos discrepar, debatir, polemizar. Bienvenidos sean estos enfrentamientos, por la riqueza de sus conclusiones. Es difícil conciliar ideas a veces. Pero la satisfacción de manifestarse con entera libertad y en democracia, nadie nos la puede quitar.
Un abrazo.
