La carta de Cipriani
Nueva ofensiva del cardenal para controlar la PUCP pasa por injustificada modificación de estatutos. Detalles.
Los venados que retozan libres por los jardines de la Católica vuelven a verse rodeados de universitarios que saltan de clase en clase. El ciclo académico acaba de comenzar y todo parece discurrir como siempre. Pero no es así.
Como todos los lunes, el rector Marcial Rubio dirige una sesión de “trabajo estratégico” con un grupo asesor de docentes. Por lo general se dedican a resolver los problemas domésticos de la universidad. Esta vez, en cambio, discuten una ofensiva externa cada vez más intensa.
A la batalla judicial por controlar el destino de los bienes de la universidad, todavía en su enésimo capítulo, se suma la munición en un frente hasta ahora desconocido para la opinión pública. El cardenal Juan Luis Cipriani busca la modificación de los estatutos de la PUCP vía la presión vaticana.
De aprobarse los cambios, el Gran Canciller, que es el título que le corresponde a la autoridad eclesiástica, daría un virtual golpe de Estado en el Fundo Pando. Pasaría de tener un cargo honorífico a ser el responsable por la elección del rector, que es quien rige los destinos académicos de la universidad.
Propuesta se basa en dos documentos del Vaticano: la Ex corde Ecclesia y el Código de Derecho Canónico.
Pero lo más importante, su pretensión de elegir al rector (ver letra “d”
, no tiene ningún referente.
Los últimos meses han visto el cruce de epítetos cada vez más subidos de tono por parte de Rubio y, sobre todo, de Cipriani. El domingo 21, en su programa de RPP, aplicó al rector el dicho “el ladrón cree que todos son de su condición”. Y de ahí a más.
Los adjetivos altisonantes son en realidad lo de menos. En el mismo programa adelantó “a los alumnos que el plan de estudio no se modificará”. Pero, aunque lo niegue, de imponerse en los dos frentes
Cipriani concentraría todo el poder en una institución con unos 22 mil alumnos, diez facultades, una escuela de posgrado, varios institutos y un centro cultural.
El enfrentamiento emprendido por monseñor tiene un trasfondo político. Cómo no entenderlo así si, para empezar, uno de los protagonistas de esta historia, el ex rector Salomón Lerner Febres, fue el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe final es regularmente denostado por el religioso.
Mirko Lauer se pregunta en La República “por qué el Vaticano toma abierto partido por un arzobispo pendenciero y balbuceante contra una de las universidades más prestigiosas del país… ¿por qué esta extraña iniciativa? ¿y por qué ahora?”.
El nuevo as salido de la manga arzobispal tiene una larga historia.
El 18 de julio llegó al despacho de Rubio una flamígera carta firmada por Cipriani. El texto termina con el saludo y bendición del remitente, pero en las páginas previas llega a advertirle que “medite delante de Dios su actuación frente a estos hechos, por los que seremos juzgados algún día por el Padre Eterno”.
La carta se encuentra acompañada por las modificaciones del estatuto “transmitidas por la Congregación para la Educación Católica”. Sin embargo, no es la copia de un documento del Vaticano, sino un archivo Word impreso en papel con el rótulo del “primado del Perú”.
Una semana después, Rubio visitó al nuncio apostólico en el Perú, que es el otro interlocutor de la Santa Sede en el país.
Monseñor Bruno Musaró abrió los ojos en clara señal de sorpresa cuando el rector le mostró la carta.
No hubo tiempo de seguir las conversaciones.
A la semana siguiente se anunció el traslado de Musaró a La Habana, luego de apenas dos años de trabajo en Lima.
Rector Marcial Rubio rechaza pretenciones del Cardenal.
A la derecha, nuncio Musaró mostró sorpresa por intención de Cipriani de modificar los estatutos. De inmediato fue trasladado a La Habana.
LA BATALLA DEL ESTATUTO
En 1942, 25 años después de su fundación, la universidad recibió el título de “Pontificia” por parte de la Santa Sede. Entonces entró en vigor el estatuto según el cual el Consejo de Gobierno es conformado por profesores y religiosos y la Economía la manejan los últimos. Los bienes eran considerados eclesiásticos.
Dicho estatuto rigió hasta 1969, cuando el gobierno de Juan Velasco promulga la ley universitaria peruana. Nunca se llegó a terminar el proyectado estatuto único pero en la PUCP se implementó un reglamento de acuerdo a la nueva ley, en el que el rector es elegido por la asamblea universitaria. La ley del 69 no reconocía bienes eclesiásticos pero el nuevo reglamento establecía que sí se necesitaba de la opinión del gran canciller para venderlos.
El gobierno de Fernando Belaunde trajo una nueva ley universitaria, la 23733, de la que salió un nuevo estatuto en el que cinco obispos de la conferencia episcopal fueron integrados a la asamblea. Por entonces el cardenal Juan Landázuri se reincorporó como gran canciller. En 1972 se retiró en protesta a la decisión del entonces vicerrector Jorge Avendaño, quien dejó su casa para irse a vivir con Ana María Yáñez. Su hasta ahora esposa, por cierto.
Rubio anota que desde 1972 seis rectores han sido elegidos regularmente por la asamblea y todos fueron reconocidos por el Vaticano.
A partir de 1994, la nunciatura advirtió a la universidad que el último estatuto reconocido por el Vaticano fue el de 1968. Desde entonces
fueron publicados dos documentos claves que debían ser incorporados: El Código de Derecho Canónico de 1983 y la Carta Pastoral Ex corde Ecclesiae de 1991. “Ninguno de los dos dice que el cardenal debe elegir al rector”, advierte Rubio.
Eso se hace evidente en la propia carta de Cipriani. Todas las modificaciones al estatuto son resaltadas en negrita y entre paréntesis se indica si la fuente es el código de Derecho Canónico o la Carta Pastoral. En todo lo relacionado a la elección del rector no aparece ninguna referencia (ver fascímil).
En 1997 el cardenal Augusto Vargas Alzamora llevó al Vaticano una propuesta de estatuto concertada con la PUCP. Esta no se llegó a aprobar y la historia cambió radicalmente con el inicio de la era Cipriani, dos años más tarde.
LA CRUZADA DE CIPRIANI
La primera manifestación conocida del prelado sobre el conflicto que lo enfrenta con la PUCP se produjo en 1997, cuando entrevistado en televisión por Patricio Ricketts, sostuvo que “Velasco le quitó la universidad a la Iglesia y es hora de que la devuelvan”. Entonces era el arzobispo de Ayacucho.
En enero de 1999 fue nombrado cardenal. El tema encabezaba su agenda porque el mes siguiente concurrió a una reunión en el Vaticano junto con el entonces rector Lerner Febres y los vicerrectores Luis Guzmán Barrón y Marcial Rubio. Allí se encontraron con el poderoso cardenal Pío Laghi, fallecido en el 2009 y entonces al frente de la Congregación para la Educación Católica.
Se decidió la conformación de una comisión paritaria que funcionaría entre mayo y julio de ese año. Esta no alcanzó acuerdos en los dos temas esenciales: El mecanismo de elección del rector y el destino de los bienes de la universidad.
Rubio recuerda que “no quedaba clara la posición del cardenal Cipriani sobre la elección del rector. Sí buscaban que los bienes fueran eclesiásticos. Pero no somos personas de derecho público canónico”.
En el 2007 la universidad reclamó ante el Tribunal Constitucional por la pretensión de Walter Muñoz Cho, designado por Cipriani como su representante ante la junta administradora de los bienes de la herencia de José de la Riva Agüero y Osma, para que la universidad no pudiera disponer de los mismos.
En un importante revés, el TC falló en contra de la pretensión de autonomía de la PUCP. La universidad cuestiona que el Arzobispado inscribiera los considerandos de la sentencia en la SUNARP, con lo que prácticamente paralizó cualquier gestión sobre los bienes, y ello sigue hasta hoy su curso en el Poder Judicial.
Para Rubio resulta irracional que se reclamen todos los bienes de la universidad a partir de los inmuebles legados por De la Riva Agüero. “Nosotros heredamos una chacra, la tierra. No 53 edificios y un centro comercial”, se asombra.
En paralelo siguió incubándose la pugna por los estatutos, que es quizá la pelea de fondo. En noviembre del 2009 el rector se reunió en el Vaticano con el secretario ejecutivo de la Congregación para la Educación Católica, el obispo francés Jean Louis Brugues, y le pidió la aprobación del estatuto expedido ese mismo año.
Brugues le respondió a Rubio que para echar a andar el proceso enviaría un visitador a la universidad en las semanas siguientes. El emisario nunca llegó, a pesar de que Rubio repitió la visita al año siguiente.
¿El cardenal Cipriani tuvo que ver con el truncamiento del proceso?
LEYES EN PUGNA
La universidad dispone de un botón de emergencia. El 24 de julio de 1980, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez firmó un acuerdo con la Santa Sede para regular en el país los roles de la Iglesia y el Estado.
El documento establece que las instituciones de la primera que funcionen en el país se rigen por la ley peruana. “No tenemos por qué aceptar que Cipriani nombre al rector”, insiste Rubio.
El abogado del arzobispado, Natale Amprimo, le dijo en cambio al diario El Comercio que
“la Ley de Universidades tiene una cláusula en la que especifica que la norma no colisiona con las reglas que rigen las universidades católicas”.
La asamblea compuesta por 78 miembros, dos terceras partes de profesores y una de alumnos, se reunirá el 23 de setiembre para votar los estatutos propuestos. De aprobarse, Rubio da por descontada su renuncia. Pero,
dada la poca influencia de Cipriani en el campus, ese resultado es improbable.
El cardenal, por su parte, ni siquiera parece seguir el rastro a sus aliados en la universidad. En la homilía del domingo 21 añoró los tiempos de José Agustín de la Puente Candamo y mandó a mejor vida al historiador de 89 años que todavía dicta clases en La Católica.
En el comunicado de adhesión a Cipriani publicado el pasado 6 de julio se cuenta la firma de 23 religiosos pertenecientes a
las vertientes más conservadoras de la Iglesia, como el Sodalicio, la Legión de María y el Camino Neocatecumenal. Además, el cardenal juega su partido aparte por el control de la Conferencia Episcopal, presidida por el franciscano Miguel Cabrejos.
El rector Rubio y su equipo también se encuentran en la necesidad de abrir su cancha. Roque Benavides, que difícilmente podría ser acusado de caviar en las portadas de Correo, es el actual presidente de la Asociación de Egresados de la PUCP. Resultaría interesante, por ejemplo, conocer su posición en medio de esta guerra que nada tiene de santa. (Enrique Chávez)
Tomado de
Revista Caretas
. Digno defensor del Opus resultaste. 
