La prostitución clandestina se extiende en el centro de Lima
Lunes 07 de noviembre de 2011 - 07:35 am
(Archivo El Comercio)
A las 7 de la noche el
Centro de Lima cambia de rostro y de color. Una zona rosa clandestina toma, de a pocos, sus avenidas y jirones más caóticos para convertirlos en bulevares de hedores, delincuencia y luces de neón. La Av. Nicolás de Piérola es el principal escenario de esta metamorfosis. En solo cuatro cuadras se han asentado 11
prostíbulos clandestinos que operan impunemente desde hace más de 10 años bajo los rubros de restaurante, discoteca, bar o cine.
La historia es la misma en los jirones Chota, Contumazá, Lino Cornejo y Washington, aunque en estos se hallan también hostales de fachada. No es solo una red de sexo ilegal, según el Ministerio Público, aquí se esconden proxenetas, que se llenan los bolsillos por cada muchacha que tienen a su cargo, mafias de
trata que captan a sus víctimas con el cuento de ser meseras y terminan prostituyéndolas, estafadores que clonan las tarjetas de crédito de los clientes, evasores de impuestos, robos, drogadicción y más.
La inacción de las autoridades en los últimos años ha hecho que los propietarios de estos antros echen mano de testaferros para extender sus negocios por todo el Cercado, refiere Álvaro Anicama, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima. Hoy son 112 los locales de fachada donde se ejercen algunos o todos estos delitos.
SANCIONES DE RISAEn cines como Le París, en la cuadra 7 de la Av. La Colmena, la función continuada de películas pornográficas es el marco para que mujeres y hombres ofrezcan servicios sexuales entre sus desvencijadas butacas. El vigilante, que cada 20 minutos pasea por las escaleras, simula controlar lo incontrolable con la mortecina luz de una linterna.
El Le París fue clausurado por 30 días, a orden de la
Municipalidad de Lima, por no contar con medidas de seguridad e higiene. Al reabrir, a mediados de octubre, la única diferencia fue que su sala olía a lejía.
Los 112 locales han sido sancionados entre abril y setiembre por el concejo limeño con multas o clausuras que no superan los 30 días, y hoy, la mayoría atiende con normalidad. Los prostíbulos El Talibán, Miami Beach, Palmeras y los bares Calle 8 y Los Botes son de los pocos que se mantienen cerrados porque no han podido subsanar las infracciones.
Según la ONG Acción por los Niños, los motivos por los que es difícil mantener cerrados estos antros son la corrupción de funcionarios, el desconocimiento de la ley y la adulteración de licencias de funcionamiento.
Anicama asegura que la piedra en el zapato es la Ordenanza 984, que establece el procedimiento sancionador para los comercios en Lima y contiene castigos risibles para este tipo de faltas. No podemos ni sancionar la reincidencia. Estamos elaborando una nueva ordenanza para sancionarlos con más de 7 mil soles y cerrarlos por 6 meses. No es posible que no se sancione el hecho de tener a menores de edad en prostíbulos, dice.
Si bien las acciones de amparo ya no son una traba para el concejo, los dueños de estos locales recurren a leguleyadas para reabrir. Los cines porno, por ejemplo, alegan que el concejo no puede ir en contra de su derecho constitucional de difundir libremente todo tipo de películas, mientras que los bares intentan frenar la clausura alegando que se está restringiendo el derecho al trabajo.
Lamentablemente, la Ley 26979, sobre ejecución coactiva, permite que el solo hecho de ingresar una demanda al Poder Judicial puede frenar el cierre de un establecimiento. Este es el nuevo escudo de los prostíbulos. El Congreso de la República tiene ahí una norma por reformar.
Las municipalidades solo pueden sancionar faltas administrativas. El tema delictivo es abordado por la División contra la Trata de Personas de la PNP, quienes ya desarrollan un trabajo de inteligencia, con apoyo del concejo, para detener y enjuiciar a los tratantes que se esconden aquí.
El Ministerio Público ha identificado que en 20 de estos locales se ejercen el proxenetismo y trata. La fiscal penal Miluska Romero considera que la actuación de los alcaldes es clave para frenar estos delitos. La Municipalidad de Lima acaba de incorporarse al Grupo Multisectorial contra la Trata y confiamos en que tomarán acciones más decisivas, dijo.
QUÉ DICE LA LEY
Penas más altas en caso de menores
El Código Penal establece que la pena para quien fomente la prostitución va entre 4 y 6 años. Si la víctima es menor, se eleva entre 5 y 12.
Quien pague por tener sexo a alguien de entre 14 y 18 años tendría pena de cárcel de entre 4 y 6 años. Con un menor de 14 años, se considera violación y puede llegar a la cadena perpetua.
La pena por proxenetismo va entre 3 y 6 años, y si se trata de menores, de entre 6 y 12. La trata de personas, que incluye la captación, traslado y explotación, implica entre 20 y 35 años.
Leyes sí sancionan a los clientes
La fiscal Miluska Romero, representante del Grupo Multisectorial contra la Trata de Personas, anunció que promoverán una norma para afinar la tipificación de este delito, pues, entre policías, jueces y fiscales aún hay fallas. Hay casos en que no se formula la denuncia por trata porque no se consumó la explotación sexual en el prostíbulo, y eso es ilógico. O consideran que no son esclavas porque pueden salir a la calle, olvidando que los tratantes las coaccionan con matar a sus familias o quedarse con sus hijos. Los clientes reciben una pena, pero no son apresados. Eso debe cambiar, dijo.
Yolanda Llanos, abogada de la ONG Acción por los Niños, cuestionó la tardía reacción del Estado, pues recién el año pasado se aprobó el Plan Nacional de Trata de Personas, donde se detalla el problema de la explotación sexual infantil.
fuente
